A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se ha empeñado en demostrar la culpabilidad de cinco cubanos injustamente procesados y arbitrariamente condenados en ese país, la propia conducta de la administración norteña revela la gran mentira y su doble rasero.
Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González -Los Cinco, como se les conoce mundialmente- han sido víctimas de excesivas penas, que confirman el carácter político del juicio seguido contra ellos.
Responder a las demandas de la mafia cubano-americana radicada en Miami, fue el único objetivo del gobierno de EE.UU., al dar curso legal a la farsa judicial orquestada contra ellos, junto a un gran show mediático, que todo el tiempo se encargó de viciar la decisión del jurado.
En su libro Los héroes prohibidos, el experto en política internacional cubano Ricardo Alarcón, expone ejemplos que revelan una realidad: en EE.UU. el espionaje y la conspiración nunca han sido castigados con tan severas condenas como las impuestas a Los Cinco.
Desde que ellos fueron sentenciados, otros casos similares han tenido lugar en territorio estadounidense y los resultados contrastan de manera alarmante.
Según relató Alarcón, en los últimos años varios individuos han sido hallados culpables de transmitir al extranjero documentos secretos de carácter militar o relacionados con la seguridad nacional de ese país, extraídos de los archivos y altos niveles del gobierno.
Algunos de esos acusados hace tiempo recuperaron su libertad, y a otros el presidente Barack Obama decidió retirarles los cargos, que se les interrumpiera el proceso de apelación y fueran enviados a casa.
Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein, fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de EE.UU. contra Irak, a solo tres años y 10 meses de prisión.
En julio de 2007, Leandro Aragoncillo fue hallado culpable de transmitir información secreta y de defensa nacional de los Estados Unidos.
Transmitió alrededor de 800 documentos clasificados, obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney.
Fue condenado a 10 años de prisión, mientras que a su compañero de conspiración Michael Ray Aquino, lo sentenciaron a seis años y cuatro meses.
En julio de 2008, a Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa (DOD), lo hallaron culpable de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas, a cambio de dinero y regalos. Lo sentenciaron a cuatro años y nueve meses de prisión.
Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea, quien también trabajaba en el DOD, fue hallado culpable de entregar información clasificada, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero. Fue penado a 12 años y siete meses de cárcel.
Sin embargo, nunca entró a prisión. Estuvo en libertad mientras apelaba, y en mayo de 2009 el Departamento de Justicia le retiró los cargos.
Pero, otro dato es más revelador aún. El sábado 23 de enero de 2010, The Washington Post, el mayor y más antiguo periódico de la ciudad-capital de EE.UU. publicó el siguiente caso.
A James W. Fondren Jr., un alto oficial en el Departamento de Defensa, que llegó a ser subdirector de la oficina de enlace del Comando del Pacífico, lo declararon culpable de entregar ilegalmente a un gobierno extranjero documentos clasificados del Pentágono, incluyendo informaciones militares.
Fondren era un funcionario de jerarquía y no fue acusado de "conspirar", sino de realizar actividades tangibles de espionaje. La Corte Federal de Alexandria, en Virginia, lo condenó a tan solo tres años de prisión.
Por supuesto, ninguno de los casos anteriores fue juzgado en el sur de la Florida, ni intentaban frustrar planes criminales contra Cuba.(
Lo contrario ocurrió con Los Cinco. Ellos recibieron, de conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión. Y no trabajaban para la Casa Blanca, ni en el Pentágono, o en el Departamento de Estado, ni nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna.
Pero hicieron algo imperdonable para aquel gobierno: lucharon contra el terrorismo anticubano, que se fomenta y financia desde EE.UU., y lo hicieron en Miami, ciudad que se ha ganado el crédito de ser la capital del terror.
Como reafirma Alarcón en su libro, las excesivas sentencias contra estos hombres son una muestra de la motivación política y vengativa que tuvo el juicio contra ellos, como lo son las duras condiciones de su encarcelamiento.
Bienvenida, pues, toda persona de buena voluntad, dispuesta a contribuir y a intensificar las acciones por la libertad de Los Cinco, y traerlos de vuelta a casa. (AIN)
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