Un tratado de paz entre el gobierno colombiano y
las FARC supera las posibilidades del referendo constitucional promovido
por la administración de Juan Manuel Santos, dijo hoy en La Habana la
delegación insurgente que participa en las pláticas.
El líder del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que participa en la mesa, Iván
Márquez, expresó que la fuerza política y jurídica de un acuerdo final
debe comprometer a toda la institucionalidad del Estado de esa nación.
Los caminos hacia una verdadera solución política -agregó en
conferencia de prensa con motivo del fin del decimotercer ciclo de
conversaciones- demandan una creatividad en los diseños institucionales
que satisfagan a las partes y al pueblo.
Un referendo no alcanza para responder a las complejidades de semejante cometido, añadió.
Márquez explicó que en caso de lograrse un acuerdo, el texto resultante
sería muy extenso y expuso sus dudas sobre cómo sería posible reducir a
una pregunta de aprobación o negación los más de 50 folios que
probablemente conformen dicho documento.
Un verdadero tratado de paz exige la más amplia y activa participación social y popular, remarcó.
Para las FARC-EP, la Asamblea Nacional Constituyente sería el camino
para alcanzar un verdadero tratado de paz, justo y vinculante, que funde
la reconciliación, "rija el destino de la nación y la encauce hacia las
cumbres de la democracia real".
La mesa, instalada en la Habana
desde noviembre pasado, se centra en el segundo punto de la agenda,
referido a la participación política. Hasta el momento, las partes han
llegado a acuerdos parciales sobre el tema agrario.
Durante la
conferencia, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, las
FARC reiteraron nuevamente su oferta de una tregua bilateral del fuego,
la cual sería controlada por organismos latinoamericanos, en aras de
"blindar el proceso de zozobras de la confrontación y de los intereses
partidarios".
En varias ocasiones el gobierno ha rechazado la
propuesta de una tregua bilateral, bajo el argumento de que solo sería
posible tras la consecución del acuerdo de paz.
A inicios del
diálogo la insurgencia decretó un alto al fuego unilateral de dos meses
como gesto de compromiso con las conversaciones, que no fue secundado
por la administración del presidente Juan Manuel Santos.
Antes
de concluir, Márquez valoró de concretos los avances en las pláticas,
pero instó a la delegación gubernamental a retomar con celeridad el
debate sobre participación política, sobre el cual, valoró, se
construyeron muy pocos acuerdos en este decimotercer ciclo que finalizó.
Ambas partes anunciaron que volverán a reunirse a partir del próximo 9 de septiembre (PL) |
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